Monográfico sobre la reforma del Código Penal

JORNADAS SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

16 ABRIL 2015 – Por D. Antonio AGUNDEZ LÓPEZ (Abogado. SECRETARIO GENERAL DE APROED, Abogados y Ciudadanos Pro Estado de Derecho).

Durante la tarde del día 16 de abril de 2015, y en el marco siempre propicio al debate de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, se  desarrollaron las Jornadas sobre la reforma del Código Penal organizadas por APROED (Abogados y Ciudadanos pro Estado de Derecho) y otras diez Asociaciones de Abogados y entidades sociales (ADADE, ABOGADOS POR UN COLEGIO ÉTICO, EUREKA, ALTODO-CATALUNYA, AJA-MADRID, JAM, “PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, INFOPRISION.COM, FUNDACIÓN MANÁ y FUNDACIÓN ¿HAY DERECHO?), apoyadas por la UCM, CGAE, ICAM e ICAAH.                                  

De izquierda a derecha: Excmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho UCM, D. RÁUL CANOSA, D. Javier ÁLVAREZ (catedrático D. Penal UCIII) y D. Ángel TUÑÓN GALLEGO (Tesorero ICAAH).

De izquierda a derecha: Excmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho UCM, D. RÁUL CANOSA, D. Javier ÁLVAREZ (catedrático D. Penal UCIII) y D. Ángel TUÑÓN GALLEGO (Tesorero ICAAH).

Con un aforo de universitarios y abogados que llenó el Salón de Grados “García de Enterría”, y tras la apertura a cargo del Decano de la Facultad, D. Raúl Canosa, el Vicedecano del ICAM, D. Manuel Valero, y el Decano ICAB y Consejero CGAE, D. Oriol Rusca, la Jornadas se estructuraron en dos mesas de debate que abordaron puntos calientes de una reforma del Código Penal que, con más de 300 artículos modificados, supone toda una ley de nuevo cuño. D. ORIOL RUSCA destacó el abuso de conceptos juridicos indeterminados en la reforma, de forma que el ciudadano ya no se entera de lo que está prohibido, lo que parece buscar intencionadamente el legislador, generando inseguridad jurídica.

D. ORIOL RUSCA (Vicepresidente del CGAE y Decano ICAB), con D. Enrique GIMBERNAT, D. Ángel GÓMEZ SAN JOSÉ y D. Ángel JUÁREZ ABEJARO.

D. ORIOL RUSCA (Vicepresidente del CGAE y Decano ICAB), con D. Enrique GIMBERNAT, D. Ángel GÓMEZ SAN JOSÉ y D. Ángel JUÁREZ ABEJARO.

En la Mesa Jurídica, moderados por la portavoz de MEDIF Dª Mª Angeles Moraga, D. ENRIQUE GIMBERNAT subrayó la necesidad, ya apuntada por Beccaria, de deslindar el Derecho de la moral y la religión. D. JAVIER ALVÁREZ se preguntó por los autores intelectuales, aún desconocidos, de una reforma “de ocurrencias”, y que reclamará del Tribunal Supremo una función legislativa (vía Plenos no jurisdiccionales). D. ANGEL GÓMEZ tras apuntar los efectos de la prisión sobre el individuo, llamó a imaginarse no saber cuándo vas a salir de una celda, cuestionando la prisión permanente revisable como pena, ni justa, ni humanitaria.

D. MANUEL VALERO YÁÑEZ (Vicedecano y Tesorero del ICAM) con D. Javier Álvarez y D. Ángel TUÑÓN.

D. MANUEL VALERO YÁÑEZ (Vicedecano y Tesorero del ICAM) con D. Javier Álvarez y D. Ángel TUÑÓN.

En la Mesa Política asistieron, moderados por el Presidente de AJA-MADRID, D. Juan Gonzalo Ospina, portavoces de los partidos políticos (PODEMOS, PP, UPyD, CIUDADANOS, VOX), que aportaron su visión de la reforma y su enfoque en el programa electoral, destacandose la presencia del PP en el debate, ciertamente poco habitual y que animó las intervenciones.

El acto terminó a las 21 horas con la lectura de un Manifiesto por la Justicia por el Presidente de APROED, D. Angel Juárez, en nombre de todos los organizadores, y que invitaron a suscribir a los asistentes y ciudadanos.

 

- LAS REACCIONES DE LA REFORMA ENTRE LOS OPERADORES JURÍDICOS Y LAS UNIVERSIDADES. LA REFORMA EN LA PRENSA.

Adjuntamos varios informes y comentarios sobre la reforma del código penal aprobada ya por la mayoría absoluta del Partido Popular, algunas notas de prensa sobre el asunto, el manifiesto firmado por un extenso grupo de catedráticos de universidad contra dicha reforma y el texto completo del proyecto aprobado. Todo ello en formato pdf. Deseamos que resulte de vuestro interés. Os tendremos al corriente puntualmente sobre la celebración de las Jornadas. 

El texto incluye las sugerencias realizadas por los órganos consultivos a cuyo estudio fue sometido -Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado-, y entre sus principales novedades figura la prisión permanente revisable en supuestos de excepcional gravedad. También profundiza en la imposición de medidas de seguridad que inició la Ley Orgánica 5/2010 con los delincuentes sexuales, de forma que la libertad vigilada podrá aplicarse a más delitos en función de la peligrosidad del reo: por primera vez se establece un sistema dualista, donde por un lado una pena castiga el hecho cometido y una medida de seguridad protege a la sociedad de la peligrosidad del sujeto. 

 

  • Noticias en Prensa sobre la Reforma:

-        http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/catedraticos-firman-manifiesto-contra-reforma-del-codigo-penal-3870172

   - http://www.elmundo.es/espana/2015/01/22/54c0b19dca4741cb788b456e.html

-       http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/01/22/54c0a83f22601d546b8b456e.html

-        http://www.press-report.es/clanek-38298631-60-catedraticos-firman-un-manifiesto-contra-la-reforma-del-codigo-penal

-        http://www.lavanguardia.com/vida/20150121/54423844022/penalistas-acusan-al-gobierno-de-deslealtad-democratica-con-sus-reformas.html

-        La Abogacía y la Cátedra critican duramente la reforma del Código Penal aprobada: http://noticias.juridicas.com/actual/4477-la-abogacia-y-la-catedra-critican-duramente-la-reforma-del-codigo-penal-aprobada-ayer.html

 

- Manifiesto íntegro de 60 catedráticos de universidad contra la reforma del código penal:  http://www.yometiroalmonte.es/2015/01/22/manifiesto-integro-60-catedraticos-derecho-penal-nuevo-codigo/



Jornadas sobre la reforma del Código Penal. Videos resúmenes de las Ponencias

Resumen Bloque jurídico de las Jornadas sobre la Reforma del Código Penal


DON ENRIQUE GIMBERNAT y D. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ, CATEDRÁTICOS DE DERECHO PENAL.  

DON ENRIQUE GIMBERNAT y D. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ, CATEDRÁTICOS DE DERECHO PENAL.

 

SALÓN DE GRADOS de la FACULTAD DE DERECHO ABARROTADO DE ASISTENTES  

SALÓN DE GRADOS de la FACULTAD DE DERECHO ABARROTADO DE ASISTENTES

 

D. Juan Gonzalo OSPINA dirigiendo el debate político con los representantes de los diferentes partidos intervinientes.    

D. Juan Gonzalo OSPINA dirigiendo el debate político con los representantes de los diferentes partidos intervinientes.

 

 

Resumen Bloque jurídico de las Jornadas sobre la Reforma del Código Penal


Más de 300 asistentes abarrotaron la Sala que se mantuvo a rebosar hasta el final de las Jornadas, a las 21:00 horas.

APROED agradece al Excmo. Sr. Decano de la la Facultad de Derecho, Don Raúl CANOSA, su patrocinio. Asimismo a todos los ponentes y muy especialmente a Don Enrique GIMBERNAT, queridísimo profesor de tantos abogados, respetado y reconocido nacional e internacionalmente por sus impagables aportaciones doctrinales.

El Bloque inicial de las Jornadas brilló a gran altura intelectual y jurídica, con las intervenciones de los catedráticos de Derecho Penal D. Enrique GIMBERNAT ORDEIG, Don Francisco Javier ÁLVAREZ GARCÍA y nuestro querido y reconocido compañero, experto penalista y brillante abogado, D. Ángel GÓMEZ SAN JOSÉ. De gran calado jurídico las intervenciones de las autoridades asistentes a las Jornadas, entre las que cabe resaltar la del Vicepresidente del CGAE, Excmo. Sr. D. ORIOL RUSCA, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, que impresionó por el tono crítico de su discurso y la sólida argumentación jurídica del mismo. 

Excelente intervención del Sr. Tesorero del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, D. Ángel TUÑÓN GALLEGO.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid brilló con luz propia de la mano del Vicedecano y Tesorero, querido y reconocido por todos, Ilmo. Sr. D. Manuel VALERO YÁÑEZ.

El Bloque político, magistralmente dirigido por nuestro querido compañero y presidente de JAM y AJA, Don Juan Gonzalo OSPINA, contó con representantes políticos del más alto nivel (ver Programa en aproed.org/formacin) y estuvo plagado de intervenciones tanto de los ponentes como de la concurrencia, resultando extraordinariamente ameno. Tenemos que destacar la resistencia espartana del ponente del P.P., el profesor de Derecho Penal de la Complutense Don Manuel QUINTANAR DÍEZ, frente a las críticas generalizadas del resto de ponentes y del público. 

Interesante intervención del representante del partido político VOX, candidato a la alcaldía de Madrid y responsable jurídico del partido, el compañero D. Javier ORTEGA SMITH.

Finalmente, debemos destacar la intervención de la representante de Podemos, la compañera Doña Lorena RUÍZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA que estuvo sencillamente brillante en todas sus intervenciones.

Jornadas sobre la reforma del Código Penal. Videos COMPLETOS de las Ponencias

BLOQUE JURÍDICO COMPLETO DE LAS JORNADAS SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Bloque POLÍTICO I completo de las Jornadas sobre la Reforma del Código Penal

BLOQUE POLÍTICO II DE LAS JORNADAS SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL


Al final de las JORNADAS, un portavoz de las Asociaciones organizadoras del evento, leyó un MANIFIESTO POR LAS LIBERTADES, LA DEMOCRACIA Y UN ESTADO DE DERECHO DIGNO. Todos los que deseeis firmarlo, remitid un email a info@aproed.org escribiendo en el asunto el texto: SUSCRIBO EL MANIFIESTO y añadiendo nombre, apellidos y nº de dni y/o número de colegiado, si eres abogad@.

MANIFIESTO en pdf

Abogados y Estado de Derecho III

 

I. Los instrumentos de protección de los derechos fundamentales

II. Garantías Jurisdiccionales – 1ª parte

          - Garantías Procesales Genéricas.

          - El recurso de inconstitucionalidad.

          - El habeas corpus.*

III. Garantías Jurisdiccionales – 2ª parte (en la siguiente entrega del monográfico)

          - El procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios o amparo judicial ordinario.

          - El recurso de amparo.

Antes de entrar en materia, cabría señalar que con carácter previo al desarrollo de las garantías jurisdiccionales previstas en nuestro ordenamiento jurídico para garantizar los derechos fundamentales en este ámbito, sería más que conveniente indagar sobre la forma de arbitrar los mecanismos legales conducentes a GARANTIZAR la independencia de jueces y magistrados. Tarea que, a la vista de lo que está aconteciendo desde el advenimiento mismo de nuestra Constitución, no puede ser considerada baladí. Porque, ¿de qué sirven las garantías jurisdiccionales ante unos jueces en muchas ocasiones mediatizados, influenciados, presionados o controlados cuando no intervenidos descaradamente por los otros poderes del Estado y fundamentalmente por el Ejecutivo o por el mismísmo Consejo General del Poder Judicial, cuando no por la opinión pública y los medios de comunicación?...

No hace falta remontarse muchos años atrás para encontrar en la prensa ejemplos clamorosos de lo que acabamos de referir. No sólo estamos hablando de los casos más recientes: El juez Ruz en el caso de los papeles de Bárcenas, la Juez Alaya en el caso de los ERE de Andalucía, el Juez Elpidio José Silva en el caso Blesa y el caso del presidente del Tribunal Constitucional, afiliado y miembro activo de un partido político, contra el se han incoado precisamente bastantes recursos de inconstitucionalidad que atañen directamente a disposiciones legales dictadas por ese partido, al amparo de su mayoría absoluta parlamentaria, que conculcan presuntamente derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna y sobre los cuales habrá de pronunciarse nuestro TC.

La pregunta del millón sería: ¿cabe hablar strictu sensu de garantías jurisdiccionales cuando están en el punto de mira cuestiones del día a día en la práctica en estrados que ponen en tela de juicio la primera y fundamental premisa a tener en cuenta en este ámbito que es la relacionada con la sagrada independecia que tiene que orientar la praxis judicial?...

Entrando en materia, empezaremos por glosar brevemente los tres primeros puntos del enunciado:

I. Garantías procesales genéricas, por hacer referencia a todos los derechos en intereses contemplados en el ordenamiento jurídico en general y no sólo a los contenidos en el ámbito constitucional y que están contenidos en el art. 24 CE:

a) Protección judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de todas las personas sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

b) Garantía judicial referida al órgano jurisdiccional, concretada en el derecho al juez ordinario predeterminado por ley.

c) Garantía de un proceso debido en sus distintas fases y que, a su vez, se desglosa en los derechos, la defensa  y asistencia de letrado; a ser informado de la acusación formulada; a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa; a no declarar contra sí mismo; a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. (1)

Estas garantías, además de las establecidas en el art. 25, explicitan los principios de legalidad y seguridad jurídica, proclamados en el art. 9.3 CE, consustanciales al ordenamiento jurídico de cualquier Estado de Derecho.

Garantías que, con la excepción de lo concerniente al orden juridiccional penal, han sido puestas en tela de juicio por la actual Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que al discriminar por razones económicas el acceso a la justicia de los ciudadanos, contraviene también, en el resto de órdenes jurisdiccionales (civil, contencioso-administrativo y social), lo referido en el apartado c) del art. 24 CE: “Garantía de un proceso debido en sus distintas fases”, “derecho de defensa” y “derecho al juez ordinario predeterminado por ley”, al impedir el acceso a la justicia a los ciudadanos que no puedan permitirse el pago de la exhorbitante tasa judicial, a satisfacer en cada una de las instancias procesales, consagrada por la referida ley de tasas, para defender sus derechos ante la ley y frente a terceros. Lo que puesto en relación con lo dispuesto por el art. 14 CE consagra la perfecta INCONSTITUCIONALIDAD de la referida ley y la perentoria necesidad de que sea inmediatamente DEROGADA.

II. El recurso de inconstitucionalidad.

Se trata de una institución procesal para el control de la constitucionalidad de las leyes. El recurso de inconstitucionalidad puede plantearse por razones formales (vulneración del procedimiento establecido por la constitución o del rango normativo exigido por ésta para regular una determinada materia) o de fondo (vulneración del contenido material de la constitución), y el órgano encargado de resolverlo puede tener naturaleza jurisdiccional -sea un órgano judicial cualquiera o un órgano jurisdiccional ad hoc- o naturaleza política -como el Consejo Constitucional francés-. El recurso puede ser previo o posterior a la promulgación de la ley y, en este segundo caso, puede ser un recurso directo, de impugnación de la propia ley, o indirecto, de impugnación de actos de aplicación de la ley fundada en la eventual inconstitucionalidad de la misma.

En España, la Constitución prevé el recurso de inconstitucionalidad de carácter directo (art. 161.1.a) y la cuestión de inconstitucionalidad o recurso indirecto (art. 163); sin embargo, el recurso previo de inconstitucionalidad, inicialmente establecido en la L.O.T.C., fue ulteriormente suprimido. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad los estatutos de autonomía, las demás leyes orgánicas, las leyes y demás disposiciones con fuerza de ley del Estado, los tratados internacionales, los reglamentos parlamentarios y las leyes autonómicas. Como «parámetro» de adecuación a la Constitución se establece el denominado «bloque de constitucionalidad». Pueden plantear recurso directo de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados y cincuenta senadores, así como los gobiernos y parlamentos autonómicos cuando la disposición o acto con forma de ley afecte al ámbito de su autonomía. La cuestión de inconstitucionalidad la puede promover cualquier juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, cuando una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya virtualidad dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución. En el ámbito del recurso de amparo cabe la llamada «autocuestión» de inconstitucionalidad (art. 56.2 L.O.T.C.) que la sala eleva al pleno del Tribunal Constitucional si entiende que la ley aplicada a un caso concreto recurrido en amparo lesiona derechos fundamentales o libertades públicas. Las sentencias en materia de inconstitucionalidad tienen valor de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y tienen efectos generales desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En estos momentos, en que desde el gobierno (¿?) de la nación se legisla de espaldas a la ciudadanía y de espaldas a la Constitución, resulta complicado enumerar la cantidad de recursos de inconstitucionalidad planteados y admitidos a trámite por el TC, por lo que la relación que hacemos a continuación no pretende ser exhaustiva.

1. “El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, considera urgente "paliar el efecto muy grave" que están teniendo las tasas judiciales sobre los ciudadanos y los tribunales.
Hay que tener en cuenta que el TC acaba de admitir a trámite los recursos interpuestos por el Gobierno de Canarias y la Diputación General de Aragón contra la normativa que regula determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia. Y éstos se suman a los ya presentados por otras comunidades como la Generalitat de Cataluña o la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista, igualmente admitidos a trámite. Según explica una nota del CGAE, Carnicer ha explicado en la misiva que todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad se fundamentan en que las tasas judiciales pueden estar "condicionando el acceso de los ciudadanos a la Justicia". (Fuente: web del CGAE)

2. A este recurso de inconstitucionalidad hay que añadir el presentado en su día contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, también admitido a trámite por el TC.

3. “El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Parlamento navarro contra varios artículos de los Reales Decretos Ley que contemplan recortes en materia de sanidad y educación.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), se admite el recursos contra varios artículos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

4. Del mismo modo, se admite el recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 4 y, por conexión, contra la disposición final primera del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

5. El Tribunal Constitucional también admitió a trámite el pasado 19 de julio el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra la 'amnistía fiscal' promovida por el Gobierno para aflorar rentas ocultas. En concreto, el recurso se refiere a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del 10 %, sin que se impongan sanciones, intereses ni recargos. En su recurso, el PSOE argumentaba que esa regularización fiscal vulnera por partida doble la Constitución, es "especialmente injusta" en sus consecuencias y "manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad".

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1547592/0/tribunal-constitucional/recurso-recortes/mariano-rajoy/#xtor=AD-15&xts=467263

III. El “habeas corpus”* (Sólo breve reseña a modo de introducción. No es de nuestro interés desarrollar este instituto en esta exposición).

El art. 17 CE establece que toda persona tiene derecho a la libertad, no pudiendo ser privado de ella sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la avesiguación de los hechos investigados, pero, en todo caso, en el plazo de 72 horas, quien así se halle privado de libertad, deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

“Además de los plazos, en la detención interesan las garantías, y estas comienzan por el derecho del detenido a ser informado, de modo que le sea comprensible, inmediatamente de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar, y del derecho a ser asistido por Abogado tanto en las diligencias policiales como judiciales”.

El art. 17.4 CE añade que la ley regulará  un procedimiento de habeas corpus para garantizar la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.

Es decir, el habeas corpus es un procedimiento breve y especial para la rápida entrega al juez de una persona que aparentemente esté detenida de forma no justificada legalmente o sin cumplimiento de todos los requisitos que rodean de garantías la detención.

Se configura así como un procedimiento obligado por mandato constitucional de rápida entrega de la persona del detenido a disposición del juez para que, conocidas las alegaciones del afectado, se decida si la detención es o no ajustada a derecho”. (2)

El habeas corpus está regulado por la Ley Orgánica 6/1984 (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1984-11620 ), de 24 de mayo y los principios que lo rigen son: rapidez, sencillez, general en cuanto a la legitimiación activa para inciar el procedimiento y universalidad, en cuanto permite enjuiciar todo tipo de privaciones de libertad no judiciales.

Ángel Juárez (Abogado ICAM)

*Bibliografía

1. Antonio E. Pérez Luño. Los derechos fundamentales. Ed.Tecnos. 2013

2. Eloy Velasco. Habeas Corpus. Enciclopedia Jurídica La Ley. Ed. 2008

Abogados y Estado de Derecho I

 1.- Los instrumentos de protección de los derechos fundamentales

I .- GARANTÍAS NORMATIVAS

Desde que el Gobierno actual, merced a la mayoría absoluta conseguida en las últimas elecciones generales, tomó posesión del poder, hemos visto cómo uno tras otro todos los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna han sido vulnerados o cercenados. 

De manera antijurídica, haciendo caso omiso de las garantías normativas contenidas en nuestra Carta Magna, tendentes a asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y a evitar su modificación, así como a velar por la integridad de su sentido y función, el actual gobierno está utilizando indiscriminadamente el principio liberal-democrático de la reserva de ley. Nuestra Constitución “consagra expresamente este postulado al prescribir que la regulación del ejercicio de los derechos y libertades contenidos en el Capítulo II del Título I se llevará a cabo sólo por ley (art. 53.1). Esta garantía se halla además explicitada en el art. 86.1, que veta la posibilidad de que el Gobierno regule por Decreto-ley cuanto afecte a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I. Al propio tiempo, nuestro texto constitucional reserva a las leyes orgánicas el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (art. 81.1), prescribiendo que tales leyes precisan para su aprobación el voto de la mayoría absoluta del Congreso (art. 81.2)” 1*.

El actual Gobierno, sin el menor consenso y con una representatividad real muy disminuida, pasando abierta y descaradamente del resto de fuerzas políticas –que vienen a representar más del 50% de la ciudadanía española entre todas ellas, ha dictado desde que está en el poder más de 28 decretos y 16 leyes, cuestionando con ellas, cuando no vulnerando abiertamente, derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, como el derecho a la igualdad consagrado en el art. 14 CE y vulnerado abiertamente por la actual Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y que viene a consagrar la perfecta desigualdad entre los españoles, discriminándolos entre los que disponen de capacidad económica para litigar y defender sus derechos ante la Justicia y los que no podrán hacerlo porque, aún no siendo pobres de solemnidad (para quienes se permite el acceso a la Justicia Gratuita), no llegarán por sus ingresos de tipo medio a permitirse el lujo de hacerlo (la gran mayoría de la población española). O cercenando por los recortes económicos multitud de derechos consagrados en nuestra Constitución, como es el caso del derecho fundamental consagrado en el art. 20.1.b), a la producción y creación literaria, artística científica y técnica. O los muy importantes contenidos en el art. 27: “Todos tienen el derecho a la educación”, absolutamente cercenado y capitidisminuido por la brutal política de incremento de las tasas académicas, que filtran por motivos económicos el acceso a una educación pública asequible para todos y con la salvaje reducción del profesorado en Colegios, Institutos y Universidades públicas, y de medios económicos indispensables para el desarrollo normal de su cometido. Por no hablar de los recortes en investigación, que han desmantelado en menos de un año nuestro potencial en I+D. Todo ello en beneficio de la Educación Privada, que sólo los económicamente pudientes pueden permitirse. O el art. 33 CE que consagra el derecho a la propiedad privada y a una vivienda digna (art. 47), cercenados por una desastrosa política económica que ha apoyado o encubierto descaradamente los desmanes del sector financiero de nuestro país y llevado a la ruina a más de 500.000 hogares que han visto cómo los responsables de su ruina económica les arebataban mediante ejecuciones hipotecarias sus viviendas, dejándolos en la calle, ante la pasividad del Gobierno, que ha hecho caso omiso y vulnerado el contenido del art. 33.2 CE que consagra que: “la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con la leyes”. O el muy importante derecho fundamental consagrado en el art. 35 CE, que consagra que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, en un país que, como el nuestro, ya está muy por encima del 25% en tasa de desempleo y en el que la inconstitucional Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha cercenado brutalmente salarios y condiciones laborales fundamentales. O el catálogo de derechos fundamentales recogidos en el Capítulo Tercero del Título I de nuestra Constitución, que bajo el epígrafe De los Principios Rectores de la Política Social y Económica, garantiza que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39). Promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica (art. 40.1). O el derecho fundamental que más descaradamente se está cercenando, en perjuicio de las clases sociales más desfavorecidas, consagrado en los arts. 41 y 43 CE, entre otros: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones  sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de desempleo (art. 41). Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios (art. 43.1 y 2). O las desastrosas políticas sociales que han dado al traste en menos de un año con normas que han supuesto conquistas sociales de primer orden como la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, virtualmente desmantelada por el actual Gobierno, con expresa vulneración del art. 49 CE, que dice: Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestará la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. O los recortes al poder adquisitivo de las pensiones impuestos en los últimos Presupuestos Generales del Estado, que vulneran el art. 50 CE que consagra que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. O tolerando, cuando no permitiendo abiertamente, los atropellos y flagrantes vulneraciones de la ley (preferentes, etc.) del sector financiero, concretamente de Bancos y Cajas de ahorro, a quienes ya se ha rescatado con cargo al erario público, por importe –hasta la fecha, que se sepa- de más de treinta mil millones de euros, tolerando que la mayoría de los altos ejecutivos de muchas entidades implicadas salieran indemnes de las consecuencias de su pésima gestión al frente de las referidas entidades, que han acabado con los ahorros de multitud de clientes, de forma manifiestamente antijurídica. Actitud de los poderes públicos ésta que contraviene expresamente lo regulado en el art. 51 CE que ordena que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Ni la reserva de ley ordinaria, ni la utilización del cauce de la ley orgánica, como garantía reforzada para el desarrollo normativo de los derechos fundamentales, pueden vaciar de contenido ni interpretar de modo interesado la ratio essendi ni el contenido normativo claro de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, nítidamente expresado en los Capítulos I y II del Título I de la misma. Utilizar de manera torticera y en muchos casos abiertamente antijurídica los mecanismos del art. 53.1 o del 81.1 de nuestra Constitución puede llevar a engendros como el de convertir al gobierno de turno en perpétuo constituyente, con lo que ello supone de vulneración manifiesta de los derechos fundamentales contenidos en ella. Entre otras muchas razones porque la Constitución prescribe, en su art. 9.1 el principio básico según el cual “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Principio que se halla reiterado expresamente en relación con los derechos fundamentales que constituyen el núcleo duro e infranqueable de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, contenidos en el Capítulo II del Título I, los cuales, a tenor de cuanto dispone el art. 53.1: “vinculan a todos los poderes públicos”.

1*. Antonio E. Pérez Luño. Los Derechos Fundamentales. Ed. Tecnos. 11ª edición. 2013

Ángel JUÁREZ

Abogado del I.C.A.M.



Abogados y Estado de Derecho II

 Sobre la reciente entrada en vigor de las normas reguladoras del Turno de Oficio en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

De la discriminación de determinados compañeros al impedírseles el acceso al ejercicio de la profesión en el Turno de Oficio del I.C.A.M. por razón de su edad.

Con fecha 25 de octubre de 2013, acaba de publicarse en la web del I.C.A.M. la entrada en vigor de las Nuevas Normas Reguladoras del Turno de Oficio.

Quiero desde aquí denunciar que no es en absoluto tolerable y resulta además incomprensible lo concerniente a lo estipulado en el art. 1 núm. 4 c) de las referidas normas: “No podrán pertenecer al turno de oficio: c) Los abogados mayores de 75 años, con excepción de los turnos especiales de casación y amparo”. A este respecto, en la Exposición de Motivos se manifiesta, sin motivación alguna, lo siguiente: “Límite de 75 años para ejercer en el Turno de Oficio, salvo para recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Agradecemos públicamente la encomiable labor de los colegiados más veteranos que desearían seguir ejerciendo su labor en los diferentes turnos por encima de ese límite de edad, pero consideramos razonable establecer esa limitación temporal. Para ellos mantenemos la posibilidad de seguir dedicándose a los recursos de casación y amparo que no necesitan las condiciones que sí requieren, sin embargo, la asistencia a vistas y el

desarrollo de las guardias”.

Y ello en base a las siguientes razones:

La Junta se complica la vida con este asunto de forma absolutamente GRATUITA, sin ninguna necesidad. ¿A qué viene a estas alturas legislar sobre un tema que ha sido absolutamente pacífico hasta la fecha en nuestro Colegio?

La Junta legisla EN CONTRA del criterio de la inmensa mayoría de los colegiados adscritos al T.O., manifestado de forma fehaciente en la avalancha de comentarios y enmiendas remitidos en su día a través de las alegaciones que reglamentariamente se encauzaron sobre lo que era el Proyecto de Normas reguladoras y que se debatieron y comentaron ampliamente en las Jornadas del turno de Oficio celebradas en Madrid en julio del presente año, manifestando en esas Jornadas su clara y abierta OPOSICIÓN por considerarla arbitraria y contraria a derecho. Hasta setenta folios de alegaciones en contra de esta medida obraban en poder del Diputado ponente, como él mismo manifestó en la jornada matinal del TO.

La Junta legisla EN CONTRA de un colectivo numéricamente insignificante, lo que hace especialmente sangrante la norma, ya que da la sensación de que se discrimina además en contra de los intereses de una MINORÍA de compañeros, con lo que ello significa.

La Junta legisla en esta materia DISCRIMINANDO a determinados compañeros por razón de su edad, lo que nos hace dudar firmemente de la legalidad de la norma, habida cuenta del contenido del art. 14 CE, que me permito recordar que dice: “…sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de… o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Dicha DISCRIMINACIÓN, de mantenerse, crearía un peligroso precedente y un evidente descrédito social que nuestro Colegio en modo alguno puede permitirse ni los abogados adscritos a éste debemos tolerar.

La Junta utiliza un paternalismo que no le corresponde, porque los abogados, para ejercer digna y eficazmente nuestra querida profesión, no necesitamos un Colegio que haga las veces de padre, sino un Colegio que nos proteja precisamente en el ejercicio de nuestra profesión y en el día a día de la misma.

La Junta adopta la medida SIN MOTIVACIÓN ALGUNA, dando a entender que las razones están basadas en las limitaciones físicas del compañero veterano, como si en el ejercicio de nuestra profesión tuviéramos que hacer esfuerzos físicos inconmensurables.

Por último, se hace una DISCRIMINACIÓN SELECTIVA que resulta extraordinariamente contradictoria y llamativa. ¿Por  qué se discrimina a los compañeros veteranos de 75 años en adelante para el ejercicio de su profesión, PERO SÓLO A LOS ADSCRITOS AL TURNO DE OFICIO y NO SE HACE extensiva a todos los compañeros colegiados NO ADSCRITOS AL T.O.?

No podemos tolerar que semejante norma empañe nuestra credibilidad ante la sociedad. No podemos presentarnos ante la ciudadanía como adalides de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y conculcarlos manifiestamente en nuestra normativa interna. No podemos postularnos ante la ciudadanía como defensores de las minorías, de los sin techo, de los discriminados por todas las razones habidas y por haber y desprotegerlos en el seno de nuestra institución. No podemos luchar abiertamente por los menos favorecidos defendiendo la Justicia Gratuita, condenando la ley de tasas o luchando por los intereses de los consumidores y de las víctimas de los desahucios y demás atropellos de los poderosos de nuestro país y menospreciar a nuestros mayores, su innegable valía y su imprescindible aportación en experiencia y conocimientos al resto de los compañeros del Colegio. Y no podemos, por último, obligar a cesar en el ejercicio de su profesión a ningún profesional independiente, extraordinariamente cualificado y con un acerbo tan grande de experiencia como el que atesoran los abogados veteranos adscritos a nuestro Colegio, estén o no adscritos al TO.

Por ello, desde aquí EXIJO a la Junta del I.C.A.M. que convoque una Junta Extraordinaria con un único punto a debatir: La supresión del apartado c) del núm. 4 del art. 1 de las normas reguladoras del Turno de Oficio.

Y para ello, insto a los compañeros del Colegio, adscritos o no al Turno de Oficio, a que muestren su solidaridad con esta propuesta y se muestren dispuestos a secundar, en su caso, cuántas acciones se promuevan para conseguir la supresión de tan injusta norma.

Ángel Juárez (Abogado I.C.A.M.)