Abogados y Estado de Derecho III

 

I. Los instrumentos de protección de los derechos fundamentales

II. Garantías Jurisdiccionales – 1ª parte

          - Garantías Procesales Genéricas.

          - El recurso de inconstitucionalidad.

          - El habeas corpus.*

III. Garantías Jurisdiccionales – 2ª parte (en la siguiente entrega del monográfico)

          - El procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios o amparo judicial ordinario.

          - El recurso de amparo.

Antes de entrar en materia, cabría señalar que con carácter previo al desarrollo de las garantías jurisdiccionales previstas en nuestro ordenamiento jurídico para garantizar los derechos fundamentales en este ámbito, sería más que conveniente indagar sobre la forma de arbitrar los mecanismos legales conducentes a GARANTIZAR la independencia de jueces y magistrados. Tarea que, a la vista de lo que está aconteciendo desde el advenimiento mismo de nuestra Constitución, no puede ser considerada baladí. Porque, ¿de qué sirven las garantías jurisdiccionales ante unos jueces en muchas ocasiones mediatizados, influenciados, presionados o controlados cuando no intervenidos descaradamente por los otros poderes del Estado y fundamentalmente por el Ejecutivo o por el mismísmo Consejo General del Poder Judicial, cuando no por la opinión pública y los medios de comunicación?...

No hace falta remontarse muchos años atrás para encontrar en la prensa ejemplos clamorosos de lo que acabamos de referir. No sólo estamos hablando de los casos más recientes: El juez Ruz en el caso de los papeles de Bárcenas, la Juez Alaya en el caso de los ERE de Andalucía, el Juez Elpidio José Silva en el caso Blesa y el caso del presidente del Tribunal Constitucional, afiliado y miembro activo de un partido político, contra el se han incoado precisamente bastantes recursos de inconstitucionalidad que atañen directamente a disposiciones legales dictadas por ese partido, al amparo de su mayoría absoluta parlamentaria, que conculcan presuntamente derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna y sobre los cuales habrá de pronunciarse nuestro TC.

La pregunta del millón sería: ¿cabe hablar strictu sensu de garantías jurisdiccionales cuando están en el punto de mira cuestiones del día a día en la práctica en estrados que ponen en tela de juicio la primera y fundamental premisa a tener en cuenta en este ámbito que es la relacionada con la sagrada independecia que tiene que orientar la praxis judicial?...

Entrando en materia, empezaremos por glosar brevemente los tres primeros puntos del enunciado:

I. Garantías procesales genéricas, por hacer referencia a todos los derechos en intereses contemplados en el ordenamiento jurídico en general y no sólo a los contenidos en el ámbito constitucional y que están contenidos en el art. 24 CE:

a) Protección judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de todas las personas sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

b) Garantía judicial referida al órgano jurisdiccional, concretada en el derecho al juez ordinario predeterminado por ley.

c) Garantía de un proceso debido en sus distintas fases y que, a su vez, se desglosa en los derechos, la defensa  y asistencia de letrado; a ser informado de la acusación formulada; a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa; a no declarar contra sí mismo; a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. (1)

Estas garantías, además de las establecidas en el art. 25, explicitan los principios de legalidad y seguridad jurídica, proclamados en el art. 9.3 CE, consustanciales al ordenamiento jurídico de cualquier Estado de Derecho.

Garantías que, con la excepción de lo concerniente al orden juridiccional penal, han sido puestas en tela de juicio por la actual Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que al discriminar por razones económicas el acceso a la justicia de los ciudadanos, contraviene también, en el resto de órdenes jurisdiccionales (civil, contencioso-administrativo y social), lo referido en el apartado c) del art. 24 CE: “Garantía de un proceso debido en sus distintas fases”, “derecho de defensa” y “derecho al juez ordinario predeterminado por ley”, al impedir el acceso a la justicia a los ciudadanos que no puedan permitirse el pago de la exhorbitante tasa judicial, a satisfacer en cada una de las instancias procesales, consagrada por la referida ley de tasas, para defender sus derechos ante la ley y frente a terceros. Lo que puesto en relación con lo dispuesto por el art. 14 CE consagra la perfecta INCONSTITUCIONALIDAD de la referida ley y la perentoria necesidad de que sea inmediatamente DEROGADA.

II. El recurso de inconstitucionalidad.

Se trata de una institución procesal para el control de la constitucionalidad de las leyes. El recurso de inconstitucionalidad puede plantearse por razones formales (vulneración del procedimiento establecido por la constitución o del rango normativo exigido por ésta para regular una determinada materia) o de fondo (vulneración del contenido material de la constitución), y el órgano encargado de resolverlo puede tener naturaleza jurisdiccional -sea un órgano judicial cualquiera o un órgano jurisdiccional ad hoc- o naturaleza política -como el Consejo Constitucional francés-. El recurso puede ser previo o posterior a la promulgación de la ley y, en este segundo caso, puede ser un recurso directo, de impugnación de la propia ley, o indirecto, de impugnación de actos de aplicación de la ley fundada en la eventual inconstitucionalidad de la misma.

En España, la Constitución prevé el recurso de inconstitucionalidad de carácter directo (art. 161.1.a) y la cuestión de inconstitucionalidad o recurso indirecto (art. 163); sin embargo, el recurso previo de inconstitucionalidad, inicialmente establecido en la L.O.T.C., fue ulteriormente suprimido. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad los estatutos de autonomía, las demás leyes orgánicas, las leyes y demás disposiciones con fuerza de ley del Estado, los tratados internacionales, los reglamentos parlamentarios y las leyes autonómicas. Como «parámetro» de adecuación a la Constitución se establece el denominado «bloque de constitucionalidad». Pueden plantear recurso directo de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados y cincuenta senadores, así como los gobiernos y parlamentos autonómicos cuando la disposición o acto con forma de ley afecte al ámbito de su autonomía. La cuestión de inconstitucionalidad la puede promover cualquier juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, cuando una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya virtualidad dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución. En el ámbito del recurso de amparo cabe la llamada «autocuestión» de inconstitucionalidad (art. 56.2 L.O.T.C.) que la sala eleva al pleno del Tribunal Constitucional si entiende que la ley aplicada a un caso concreto recurrido en amparo lesiona derechos fundamentales o libertades públicas. Las sentencias en materia de inconstitucionalidad tienen valor de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y tienen efectos generales desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En estos momentos, en que desde el gobierno (¿?) de la nación se legisla de espaldas a la ciudadanía y de espaldas a la Constitución, resulta complicado enumerar la cantidad de recursos de inconstitucionalidad planteados y admitidos a trámite por el TC, por lo que la relación que hacemos a continuación no pretende ser exhaustiva.

1. “El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, considera urgente "paliar el efecto muy grave" que están teniendo las tasas judiciales sobre los ciudadanos y los tribunales.
Hay que tener en cuenta que el TC acaba de admitir a trámite los recursos interpuestos por el Gobierno de Canarias y la Diputación General de Aragón contra la normativa que regula determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia. Y éstos se suman a los ya presentados por otras comunidades como la Generalitat de Cataluña o la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista, igualmente admitidos a trámite. Según explica una nota del CGAE, Carnicer ha explicado en la misiva que todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad se fundamentan en que las tasas judiciales pueden estar "condicionando el acceso de los ciudadanos a la Justicia". (Fuente: web del CGAE)

2. A este recurso de inconstitucionalidad hay que añadir el presentado en su día contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, también admitido a trámite por el TC.

3. “El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Parlamento navarro contra varios artículos de los Reales Decretos Ley que contemplan recortes en materia de sanidad y educación.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), se admite el recursos contra varios artículos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

4. Del mismo modo, se admite el recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 4 y, por conexión, contra la disposición final primera del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

5. El Tribunal Constitucional también admitió a trámite el pasado 19 de julio el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra la 'amnistía fiscal' promovida por el Gobierno para aflorar rentas ocultas. En concreto, el recurso se refiere a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del 10 %, sin que se impongan sanciones, intereses ni recargos. En su recurso, el PSOE argumentaba que esa regularización fiscal vulnera por partida doble la Constitución, es "especialmente injusta" en sus consecuencias y "manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad".

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1547592/0/tribunal-constitucional/recurso-recortes/mariano-rajoy/#xtor=AD-15&xts=467263

III. El “habeas corpus”* (Sólo breve reseña a modo de introducción. No es de nuestro interés desarrollar este instituto en esta exposición).

El art. 17 CE establece que toda persona tiene derecho a la libertad, no pudiendo ser privado de ella sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la avesiguación de los hechos investigados, pero, en todo caso, en el plazo de 72 horas, quien así se halle privado de libertad, deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

“Además de los plazos, en la detención interesan las garantías, y estas comienzan por el derecho del detenido a ser informado, de modo que le sea comprensible, inmediatamente de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar, y del derecho a ser asistido por Abogado tanto en las diligencias policiales como judiciales”.

El art. 17.4 CE añade que la ley regulará  un procedimiento de habeas corpus para garantizar la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.

Es decir, el habeas corpus es un procedimiento breve y especial para la rápida entrega al juez de una persona que aparentemente esté detenida de forma no justificada legalmente o sin cumplimiento de todos los requisitos que rodean de garantías la detención.

Se configura así como un procedimiento obligado por mandato constitucional de rápida entrega de la persona del detenido a disposición del juez para que, conocidas las alegaciones del afectado, se decida si la detención es o no ajustada a derecho”. (2)

El habeas corpus está regulado por la Ley Orgánica 6/1984 (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1984-11620 ), de 24 de mayo y los principios que lo rigen son: rapidez, sencillez, general en cuanto a la legitimiación activa para inciar el procedimiento y universalidad, en cuanto permite enjuiciar todo tipo de privaciones de libertad no judiciales.

Ángel Juárez (Abogado ICAM)

*Bibliografía

1. Antonio E. Pérez Luño. Los derechos fundamentales. Ed.Tecnos. 2013

2. Eloy Velasco. Habeas Corpus. Enciclopedia Jurídica La Ley. Ed. 2008